Santiago de Cali, 2 de agosto de 2023

La Contraloría de Cali ha descubierto un preocupante caso de detrimento patrimonial que asciende a la suma de $3636 millones. Según el informe final no. 1500.23.01.22.025 se encontraron un total 12 hallazgos, 4 administrativos, 4 con incidencia disciplinaria, 1 con incidencia penal y 1 con incidencia fiscal.

En los hechos que llevaron a encontrar el detrimento patrimonial está el expediente sancionatorio 251 de 2017 correspondiente a la empresa JGB S.A., en la que se realizó una nueva tasación empleando la metodología de tasación de multas debido a infracciones ambientales, dando lugar a un hallazgo por las diferencias por el monto calculado por la entidad.

Así mismo, se evidenció la desaparición del expediente sancionatorio 125 de 2018 de Industrias NKI S.A.S, con relación a este hecho, el DAGMA aporta el expediente completo, debido a que realizaron la reconstrucción con la copia Informe Final Actuación Especial de Fiscalización, Denuncia Fiscal No. 475- 2022 –“corrupción en el DAGMA”, Vigencia 2022 Página 56 de 63
digital que reposaba en la entidad. Sin embargo, se encontraron diferencias entre las dos tasaciones de la multa, las cuales fueron analizadas por las modificaciones no soportadas de algunas variables.

Así mismo, en Concejal aseguró “el detrimento patrimonial afecta directamente la capacidad de la ciudad para implementar proyectos y programas que beneficien a la comunidad en temas ambientales. Además, invito a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de corrupción y a participar activamente en la vigilancia y supervisión de los recursos destinados al beneficio colectivo”.

La Contraloría revisó el expediente sancionatorio 027 de 2019 de la empresa Constructora INACAR, donde se evaluaron las dos tasaciones de multa, identificando una reducción no soportada. Además, se realizó el cálculo con la evidencia presentada en el expediente, dando a lugar a un hallazgo debido a las diferencias en el cálculo de la tasación de la multa.

En conclusión el informe final determinó que las cuestiones que se describen a continuación, son resultado de lo descrito en el ejercicio fiscalizador:

• Para la tasación de multa por infracción a normas ambientales, el DAGMA no realiza una aplicación adecuada de la metodología, lo cual posibilita una indebida utilización de variables que componen la misma, dando finalmente una tasación por debajo del requerimiento normativo.
• La documentación existente en los expedientes del DAGMA analizados en el presente ejercicio auditor no da fe de la correcta actuación de la Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta que se presentaron múltiples modificaciones y errores en las actas, informes técnicos y actos administrativos que la entidad justifica como fallas de digitación.
• Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control de la tasación de las multas ambientales por parte del DAGMA, poniendo en riesgo los ingresos por este componente para el erario público.

“Insto a las autoridades a tomar medidas contundentes para que los responsables sean llevados ante la justicia y se recuperen los recursos desviados. Asimismo, espero que esta situación sirva como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública” puntualizó el concejal Bravo.

Todos podemos ver el desastroso estado de las vías de Cali, con los huecos que detienen el tránsito y causan accidentes, los semáforos que no sirven y cómo estos problemas ocurren en los barrios, las autopistas y las zonas rurales.

Para ponerle cifras a este problema, Cali tiene 2936 kilómetros de malla vial y el 70 por ciento tiene algún tipo de avería, sea en la zona rural (173 km) o urbana (1724 km). El mal estado es generalmente justificado por el uso excesivo, por el desgaste natural, o porque algunas vías tienen más de 50 años de trazadas.

La reparación total tendría un costo de 1.8 billones de pesos, pero esta sigue siendo una cifra incompleta porque hay un problema que no se menciona demasiado: el trazado de acueducto y alcantarillado.

Desde 1995 no hay un plan maestro de acueducto y alcantarillado. En muchos barrios no sabemos cómo es el estado real de las tuberías subterráneas, pero mucha de la infraestructura es obsoleta, incluso construida en asbesto.

Cambiar acueducto y alcantarillado, junto con la malla vial, es el camino correcto, pero cuesta otros 1.6 billones. El municipio, con el presupuesto actual, no puede hacer esto realidad.

Entonces hay dos caminos posibles. El primero, apalancar el proyecto con recursos de la Nación, es poco probable. El segundo, es el menos popular, pero el más posible: una valorización exclusiva para el desarrollo de la malla vial. Nadie quiere que le suban los impuestos, pero debemos asumir la realidad de que si no hacemos esto, no habrá recursos.

Esta inversión mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Y no será solamente cuestión de malla vial. Esta es la oportunidad de retomar una fábrica de asfalto que el municipio tenía antes, llamada Caliasfalto EIC, que puede prestar servicios a Cali y otros municipios, así como a empresas privadas. Sería una manera de disminuir el precio del asfalto y de reconvertir el material proveniente de otras obras.

En Ecuador hay un ejemplo exitoso de una empresa similar. Asfaltar EP, desde hace más de 10 años, y siendo propiedad del estado, ofrece soluciones viales al sector público y privado. Desde entonces han contribuido a la construcción de uno de los mejores sistemas de autopistas de Latinoamérica.

Contar con una fábrica de asfalto también podría permitirnos la pavimentación de los 60 km restantes de los dos tramos de la Vuelta a Occidente, una solución vial que podría conectar a las áreas rurales de Cali al occidente, y resolver la movilidad del kilómetro 18 y actualmente cuesta 350 mil millones de pesos, y también el tramo faltante de la Avenida Circunvalar, que va desde la Carrera 80 a la 122, y esto puede costar unos 450 mil millones de pesos.

Todos estos proyectos suman alrededor de 4 billones de pesos. Empecemos pronto a construir el camino de Cali hacia el 2050.

– Ningún inspector de Policía de la ciudad puede cerrar un establecimiento de comercio por falta de licencia de construcción del inmueble donde opera.
– La Sentencia No. 339 del año 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que ninguna autoridad puede exigir requisitos adicionales a los que define la norma nacional para la apertura y funcionamiento de un establecimiento de comercio. 

Santiago de Cali, 26 de junio de 2023

Tras varios meses de seguimiento a las denuncias recibidas por parte de comerciantes de la ciudad, se ha recopilado información que da cuenta de presuntas irregularidades en el proceso de regulación de los Establecimientos de Comercio de la ciudad que ha conllevado al cierre de estos de manera definitiva y sanciones a sus propietarios. Las investigaciones han dado cuenta que, por parte de algunos Inspectores de Policía de la ciudad, se estaría exigiendo como uno de los requisitos para operar, la presentación de una “licencia de construcción” del inmueble, lo cual sería un acto en contra de la normatividad que regula expresamente que requisitos debe cumplir un empresario para desarrollar su actividad económica dentro de un Establecimiento de Comercio. 

Ante esta situación, el Concejal Juan Martín Bravo interpuso ante el Juzgado 12° Administrativo Oral Del Circuito De Cali, una demanda, la cual fue admitida (Acción de Cumplimiento – Rad. 2023-00170), en contra de la Administración local, para que por mandato judicial se obligue a la Alcaldía de Cali, a dar cumplimiento estrictamente al Artículo 87° de la Ley 1801 del 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en donde se establecen los requisitos taxativos que se deben cumplir para el desarrollo de una actividad económica en un Establecimiento de Comercio y que además enuncia expresamente que: (…) Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo lo previsto en la ley (…)” 

“Lo que resulta aún más grave es que, estas presuntas actuaciones de funcionarios de la Secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, podría generar no solo perjuicios económicos al empresariado caleño, sino, también posibles demandas contra la ciudad que afectarían sus finanzas por una avalancha de solicitud de indemnizaciones por perjuicios.
Así mismo, esta situación viola el derecho al trabajo, la libre competencia, la libertad económica, la libertad de empresa, entre otros derechos de los ciudadanos”, añadió el concejal Juan Martin Bravo. 

“Ningún inspector de Policía puede cerrar un establecimiento de comercio por falta de licencia de construcción del inmueble donde opera. Es inaceptable que el poder del Estado se esté presuntamente usando para frenar el progreso de los empresarios y de la comunidad no solo en Cali, sino en otras ciudades del país. Invito a todos los ciudadanos que se han visto afectados a que denuncien y se sumen a la demanda que instauramos en contra del distrito de Cali para frenar esta problemática”, puntualizó el concejal Bravo. 

Así mismo, el Concejal Juan Martin hizo un llamado a los entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría para que realice las investigaciones pertinentes por la posible extralimitación de funciones de acuerdo a la Ley, de estos funcionarios involucrados en las denuncias aquí expresadas.

El espacio público de la ciudad ya quedó corto para los caleños y sus actividades. Las cifras son clarísimas, según la Organización Mundial para la Salud debe haber 15 metros cuadrados por habitante en la ciudad y Cali solo tiene 3,2. En lo práctico, muchos barrios cuentan con infraestructura y en ellos, la situación no es tan agobiante. Pero para algunos, las distancias y los costos impiden el disfrute de la ciudad durante el tiempo libre.

Cali ya es una ciudad verde. El 96 por ciento de la ciudadanía tiene acceso o está cerca a una zona verde. Sólo hace falta un mejor aprovechamiento de estas zonas. Actualmente, se está trabajando en el mejoramiento y la consolidación de 42 espacios públicos en diferentes zonas de Cali.

Por mucho tiempo, la solución ha sido la creación de más espacio público y de parques, incluso la intervención en la norma de construcción. Pero los resultados se demoran, y la construcción y la compra de terrenos toma tiempo. Además sabiendo los efectos del calentamiento global y la necesidad de responder a ellos desde las ciudades, toca tomar medidas distintas. Creo que debemos enfocarnos en desarrollar lo que tenemos, y cuidarlo. Desde el Concejo significa pensar en la ciudad que queremos y tomar pasos para llegar ahí.

El corredor ambiental de la Calle 25 es uno de esos espacios que llevará a Cali al futuro, con el desarrollo suficiente. En la actualidad está pasando por un mal momento. El corredor ha sido invadido por vehículos, chatarrerías, en algunos casos desgüezaderos. Es muy importante recuperar estos territorios y hacer proyectos urbanísticos, alrededor de lo ecológico.

El año pasado radiqué una acción popular preocupado por el estado del separador vial de la calle 25. Hace unos días el Juzgado Sexto Administrativo resolvió ordenarle al distrito empezar con las acciones necesarias para que el sitio quede al servicio de la ciudadanía. Según el fallo, en un año este lugar debe quedar libre de vehículos, carrocerías, escombros, basuras y cualquier otro obstáculo.

La idea para el corredor ambiental es que haya una conexión ambiental de la red ecológica entre los cerros y el río Cauca, con un proyecto que incluya obras artísticas, espacios deportivos e incluso de conservación de fauna para estimular el avistamiento de aves. Así mismo, desarrollar conectividad entre el Parque del Pacífico y la zona artística de las Antiguas Bodegas de la Licorera.

Según la última medición de Cali Cómo Vamos, sólo el 20,5 % de los caleños se siente a gusto con el espacio público. Podemos crear un espacio que cambie todo el paradigma, que esté bien equipado. Que lleve a la ciudad al futuro, incluso a ser la ciudad verde de Colombia.