Las dificultades del manejo de la basura en Cali son evidentes al recorrerla cada día. Es un desorden lamentable. En cifras, 190 de 300 puntos de recolección han sido destruidos y la mayoría de los restantes está en un estado crítico.

Lo primero que debería superarse es la liquidación de Emsirva, que lleva más de diez años. Esa empresa está a cargo del manejo de las basuras, pero bajo supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos. La labor de los cuatro proveedores, PromoValle, PromoCali, Ciudad Limpia y Veolia, ha sido bastante cuestionada, y la situación mejorará cuando el municipio esté a cargo de nuevo.

Pero la cultura ciudadana también es un factor, y nuestros hábitos frente a la basura no son los mejores. Deberíamos separarla, y no dejarla en cualquier lado. Cali no sabe qué hacer con las basuras.

La mejor solución es desarrollar un Parque Ambiental Tecnológico de Residuos Sólidos, Reciclaje y Compostaje, que trate residuos orgánicos; plástico, papel, cartón y metal; y residuos de construcción y demolición.

La idea del parque es, principalmente, inspirar y educar a la comunidad a ser responsable con el medio ambiente, mientras se implementa tecnología de vanguardia para automatizar la clasificación de recursos.

Una de estas aplicaciones es la integración del compostaje a la disposición de las basuras. El volumen de desechos podría llevar abono a los suelos de la región.

La principal inspiración de este proyecto es la planta de reciclaje Amager Bakke, en Dinamarca, un ejemplo importantísimo de integración de la gestión de residuos con la infraestructura urbana, que produce energía limpia y otros beneficios adicionales a la comunidad local.

El proyecto podría financiarse con Asociaciones Público-Privadas, con incentivos para las empresas que apoyen iniciativas medioambientales, y la venta de productos reciclados y compostados.

Singapur, una isla país en el Pacífico, enfrentó una grave crisis de basuras en los años 70, ante la falta de espacio. Su solución fue desarrollar infraestructura para transformar desechos en energía, establecer un sistema obligatorio de reciclaje para hogares y empresas y poner impuestos al vertimiento de basuras, entre otras medidas.

Cali podría inspirarse en estos ejemplos, a la vez que establecer puntos estratégicos de recolección y estrategias de economía circular, para reducir la cantidad de recursos que van a los vertederos.

Es un proceso largo, que debe tener un hogar. Hagámoslo realidad.

– La comunidad del sector llevaba más de 30 años pidiendo que se ejecutara este proyecto, que ya estaba planteado.

Cali, 2 de octubre de 2023

Gracias a una acción popular interpuesta por el concejal Juan Martín Bravo, el Juzgado Catorce Administrativo resolvió ordenarle al distrito de Santiago de Cali empezar la pavimentación del primer tramo de la Vuelta de Occidente dentro de los próximos seis meses.

Se trata de un tramo de 32 km que comprende la vía de conexión principal de los corregimientos Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia y El Saladito, desde la salida de Cali por Cristo Rey hasta la vía al mar.

Este fallo es una gran victoria, pues la comunidad llevaba más de 30 años pidiendo las obras de mejoramiento vial que permitieran una mayor conectividad entre los corregimientos. Ante la omisión del distrito, el juez ordenó intervenir este tramo para dar cumplimiento a la obligación constitucional de velar por el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como a la realización de desarrollos urbanos que beneficien a los ciudadanos.

“La pavimentación de este tramo era una deuda histórica con la comunidad. Ahora, el distrito tiene seis meses para realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para empezar la pavimentación del tramo 1 de la Vuelta de Occidente”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

Para velar por el cumplimiento de este fallo, el juez también ordenó conformar un comité integrado por miembros de la administración distrital, de la comunidad y del Ministerio Público, quienes deberán presentar un informe detallado de la gestión una vez se cumpla el plazo.

“Queremos lograr que pavimenten los 4,5 km que faltan del recorrido entre Pichindé y La Leonera. Nuestra apuesta es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, y un componente importante es que se puedan movilizar por vías en buen estado”, puntualizó el concejal Bravo.

El crecimiento de Cali en las últimas décadas ha sido desorganizado. La necesidad de soluciones económicas ha hecho que muchos establecimientos comerciales sean creados sin cumplir las normas urbanísticas. El primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tuvo la ciudad fue creado en el año 2000. Fue muy tarde para evitar problemas en la convivencia.

Los excesos de ruido, el comercio en zonas no definidas y las situaciones de desorden han llevado a una lucha entre comerciantes y residentes. Aquí se generan traumatismos a los barrios y no hay ganadores. La alternativa sería remover el comercio, y es contraproducente. Imaginen la vida de barrios como Granada, El Peñón o San Antonio sin estas actividades.

Es complicado hacer cumplir la norma urbanística establecida para Cali, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 y en la Ley 1801 de 2016, con los requisitos para las actividades comerciales. La autoridad en esta materia son los Inspectores de Policía. Aunque deberían estar atentos a estas violaciones, su volumen de trabajo es significativo, dependiendo de la comuna.

Creo que podemos fortalecer las inspecciones, creando una entidad dedicada a monitorear la norma urbanística. Podríamos lograr un progreso significativo, entendiendo que el cumplimiento del POT lleva a prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia.

Hay ejemplos exitosos a nivel nacional e internacional. La Comunidad de Madrid cuenta con un programa llamado inspecciones urbanísticas, a cargo de los ayuntamientos, que monitorea regularmente las construcciones antiguas y recientes. Y los ciudadanos pueden formular denuncias. Un ejemplo más cercano es Barranquilla. La Alcaldía, a través de las Inspecciones de Policía y la Secretaría de Seguridad, vigilan y controlan las obras de acuerdo con el POT. Es un programa exitoso que ha llevado a la ejecución de obras con mucha seguridad.

Es preciso establecer un organismo dedicado al cumplimiento de la norma urbanística de Cali, que monitoree actividades comerciales y su debido proceso, y que evite prácticas donde haya extorsiones por no cumplir o no sancionar.

Este será solo un pasa para un nuevo reto: plantear el nuevo POT, que considere estas dinámicas sufridas por algunas zonas de Cali. Tenemos que evitar el conflicto entre residentes y comerciantes, y a la vez generar una visión positiva y a futuro para la ciudad, respetando normas claras para la convivencia. Mientras tanto, está en la conciencia de cada caleño hacer lo que es debido.

• Según denuncias ciudadanas, este no es un hecho aislado, sino que pertenece a una práctica sistemática que ocurre en la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad.
• Exigir dádivas por parte de un funcionario a cambio de no cerrar o favorecer un establecimiento de comercio es incurrir en los delitos de concusión y cohecho, según el Código Penal.

Cali, 11 de septiembre de 2023.

Dos meses después de que el concejal Juan Martín Bravo denunciara que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali estarían exigiendo requisitos no contemplados en la ley para exigir dádivas a cambio de no cerrar establecimientos de comercio, el cabildante revela pruebas contenidas en audio que comprometerían al inspector de Policía Pedro Cuenú Salazar, de la comuna 3.

Los presuntos hechos de corrupción en los que Cuenú estaría involucrado se verifican en una grabación de más de una hora, que está en propiedad del concejal Bravo y da cuenta de una conversación entre el inspector y una persona que le entrega dinero para que no le cierre su establecimiento.

En una parte del audio se puede escuchar que el inspector de policía le dice al ciudadano “En esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; más adelante, el inspector afirma que “por plata baila el perro”.

“Hemos recibido múltiples denuncias sobre inspectores de policía que llegan a los comercios a coaccionar a sus propietarios solicitando, por ejemplo, documentación por fuera de su competencia, como licencias de construcción; en algunos casos, piden dádivas a cambio de no cerrar el establecimiento y mantenerlo ‘a salvo’ de las autoridades. Quienes se niegan a esta petición, son sancionados con multas o cierres definitivos”, explicó el concejal Juan Martín Bravo.

En el audio que se tiene como material probatorio de la denuncia, la persona que habla con el inspector le dice “ahí le dijo para la gaseosa”, entre otras expresiones que indican que presuntamente accedió al soborno y que no solo comprometerían a quien lo recibe, sino a otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

El concejal Bravo hizo un llamado para que los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería realicen las investigaciones pertinentes por estos presuntos hechos de corrupción. “Ningún inspector de policía puede pedir dádivas a cambio de no cerrar un establecimiento. Si lo hace, incurre en los delitos de concusión y cohecho, contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal. Los ciudadanos afectados deben denunciar estas acciones”, indicó el cabildante.

Como si fuera poco, también queda evidenciado en el audio que presuntamente funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia estarían recibiendo dádivas por visitar algunos establecimientos de comercio y pedir trámites innecesarios que dificultan su funcionamiento bajo las garantías que ofrece la ley.

El concejal Bravo recordó que los comerciantes afectados por este comportamiento contrario a la ley deben ponerlo en conocimiento de las autoridades, y añadió “Dejo constancia ante la opinión pública y ante las autoridades que responsabilizo al inspector de policía presuntamente implicado en estos hechos de cualquier situación que atente contra mi vida o de personas cercanas a mí, a raíz de esta grave denuncia”.