Acción popular promovida por Juan Martín Bravo
Santiago de Cali, 3 de agosto de 2026. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali falló a favor de la acción popular presentada por Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali, para proteger a los estudiantes de la Institución Educativa Navarro, sede San Juan Bautista de La Salle. La decisión está contenida en la Sentencia No. 180 del 30 de julio de 2026.
El fallo declaró que el Distrito Especial de Santiago de Cali es responsable de la vulneración y amenaza de derechos colectivos, debido a que la actual institución educativa se encuentra ubicada en una zona de amenaza no mitigable por inundación fluvial, cerca del río Cauca y del sistema de protección del Jarillón.
“Esta sentencia demuestra que la vida de los niños no puede seguir dependiendo de promesas, trámites indefinidos o soluciones aplazadas. Durante más de una década se conoció el riesgo y no se concretó una solución definitiva”, afirmó Juan Martín Bravo.
La sentencia ordena al Distrito adelantar, dentro de un término máximo de un año, los trámites administrativos, urbanísticos y ambientales necesarios para disponer de un terreno de 17.000 metros cuadrados destinado a la construcción de la nueva institución educativa.
Una vez culminada esa etapa, el Distrito contará con un plazo de dos años para construir y entregar la obra. La nueva sede deberá contar con un diseño ecoamigable, garantizar una ocupación responsable del suelo y destinar la mayor parte del predio al desarrollo de prácticas agronómicas y pedagógicas.
“No se trata de sacar a los niños de Navarro; se trata de sacar el riesgo de su escuela. La solución debe construirse en el territorio, con la comunidad y respetando la relación histórica que sus habitantes tienen con el campo”, señaló el exconcejal.
El juzgado reconoció que trasladar definitivamente a los estudiantes hacia otros sectores podría afectar su permanencia escolar, incrementar los tiempos de desplazamiento, debilitar el arraigo territorial y generar riesgos de deserción.
También estableció que la reubicación definitiva deberá priorizar un terreno ubicado dentro del mismo entorno geográfico de Navarro, con el propósito de proteger el tejido social y garantizar una educación accesible y adaptada a las condiciones rurales de la comunidad.
La actual institución tiene una marcada vocación rural y agropecuaria. Durante la inspección judicial se constató la existencia de huertas y el desarrollo de actividades agrícolas por parte de los estudiantes. Además, algunos jóvenes continúan su formación técnica en Sistemas Agroecológicos, en articulación con el SENA.
Para Juan Martín Bravo, la nueva infraestructura debe aprovechar esa vocación y avanzar hacia un modelo educativo que preserve la identidad cultural, rural y comunitaria de Navarro.
“Queremos que la nueva sede sea mucho más que un edificio. Debe ser un colegio con enfoque etnocultural, rural y agroecológico, en el que los niños puedan estudiar en condiciones dignas y seguras, sin perder la esencia de su territorio, sus tradiciones y su relación con la tierra”.
Aunque la sentencia no concede formalmente el reconocimiento como institución etnoeducativa, sí protege la permanencia de la comunidad escolar en Navarro y ordena que la nueva sede preserve su vocación agropecuaria mediante la disposición de espacios destinados a prácticas pedagógicas y agronómicas.
“Proteger la educación no consiste únicamente en construir salones. También significa proteger la vida, la identidad, el arraigo y la posibilidad de que los niños crezcan reconociendo el valor cultural del lugar al que pertenecen”, agregó Bravo.
Mientras se materializa la reubicación definitiva, el Distrito de Cali y la CVC deberán mantener actualizados los planes de emergencia, evacuación y contingencia, además de realizar un seguimiento periódico a las condiciones de riesgo.
Ante una alerta hidrológica, una amenaza inminente de inundación o cualquier situación que comprometa la seguridad de la comunidad educativa, las autoridades deberán adoptar medidas inmediatas, incluida la suspensión de las actividades presenciales o el traslado provisional a instalaciones seguras.
La sentencia también ordenó crear un comité de verificación integrado por Juan Martín Bravo, en calidad de actor popular; el Ministerio Público; el Distrito de Cali; la CVC; la Personería Distrital; y representantes de la comunidad de Navarro y de la institución educativa.
Además, el Distrito y la CVC deberán presentar informes mensuales sobre las condiciones hidráulicas, hidrológicas y geomorfológicas del río Cauca y del Jarillón, así como sobre las medidas adoptadas frente a los riesgos identificados.
