Exconcejal Juan Martín Bravo radica denuncia ante

17 de abril de 2026, Santiago de Cali. — El exconcejal, Juan Martín Bravo Castaño, radicó una denuncia formal ante la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la Nación, solicitando intervención urgente frente a la presunta prestación de servicios médicos dentro de establecimientos de Drogas La Rebaja, operados por Copservir, lo cual —según advierte— podría estar por fuera del marco legal vigente.

La denuncia, sustentada en un derecho de petición formal, solicita a las autoridades verificar la habilitación, legalidad sanitaria y condiciones reales de operación de consultorios que estarían funcionando dentro de droguerías, bajo un modelo que mezcla infraestructura farmacéutica con prestación de servicios de salud. De acuerdo con la documentación radicada, el modelo ya inició con una prueba piloto en el municipio de Zipaquirá, donde el Gobierno Nacional inauguró el primer punto de atención primaria dentro de una droguería Drogas La Rebaja, en alianza con la E.S.E. Hospital Universitario La Samaritana.

Bravo sostiene que esta práctica desconoce normas vigentes y rompe principios básicos del sistema de salud. En ese sentido, advirtió que “pretender prestar consulta médica dentro de droguerías desconoce normas vigentes y rompe principios básicos del sistema de salud”, recordando que el Decreto 1950 de 1964 prohíbe la consulta médica en droguerías, que el Decreto 2200 de 2005 establece que el servicio farmacéutico no incluye diagnóstico ni prescripción, y que la Resolución 3100 de 2019 exige condiciones estrictas de habilitación que no se cumplen por el solo hecho de operar en un punto de venta.

Asimismo, enfatizó que “una droguería no es una IPS, un dispensador no es un consultorio y vender medicamentos no habilita para diagnosticar pacientes”, señalando que lo que está ocurriendo implica mezclar el negocio con el acto médico, eliminando la independencia en la prescripción y desdibujando los controles sanitarios diseñados para proteger al paciente.

En declaraciones contundentes, Bravo afirmó:
“Esto no es una transformación del sistema, es una violación del modelo sanitario. Están intentando disfrazar puntos de venta de medicamentos como consultorios médicos, rompiendo la ley y poniendo en riesgo a los pacientes”.

Asimismo, cuestionó directamente al Gobierno Nacional:
“Lo que está haciendo el gobierno de Petro no es innovación, es improvisación. Están mezclando negocio con acto médico, eliminando controles básicos del sistema de salud y generando un riesgo sanitario enorme en todo el país”.

El exconcejal también advirtió que existe falta de claridad pública sobre aspectos fundamentales como el registro en el REPS, la habilitación efectiva de los servicios y la verificación por parte de la autoridad sanitaria, lo que agrava el riesgo institucional del modelo.

El pronunciamiento también alerta sobre la crítica situación financiera de Copservir, operador de Drogas La Rebaja, lo que podría agravar el impacto de estas decisiones. En febrero de 2026, la cooperativa registra pérdidas acumuladas por $11.083 millones y un resultado total negativo cercano a los $9.645 millones, evidenciando un deterioro sostenido en su operación. Adicionalmente, el EBITDA se mantiene en terreno negativo en -$8.284 millones, lo que confirma que la operación no está generando caja y que el modelo actual presenta serios problemas de sostenibilidad financiera.

El balance también refleja una estructura altamente presionada, con activos por $297.794 millones, un deterioro del patrimonio del 38,2% y un nivel de endeudamiento del 71,8%, indicadores que evidencian un riesgo estructural en la organización. Más preocupante aún, la proyección para el cierre de 2026 estima pérdidas superiores a los $63.332 millones, confirmando un escenario de inviabilidad financiera si no se realizan ajustes estructurales.

Frente a este panorama, Bravo advirtió:
“Estamos frente a una bomba de tiempo. No solo están poniendo en riesgo el sistema de salud, sino también el empleo de más de 5.500 personas. No hay claridad en el modelo, no hay sostenibilidad financiera y las decisiones del Gobierno están llevando esta empresa al colapso”.

Finalmente, reiteró que ya presentó denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando que se verifique la legalidad del modelo y que, de encontrarse irregularidades, se adopten medidas preventivas, correctivas y sancionatorias inmediatas, incluyendo la suspensión de los servicios si es necesario.

El caso abre un debate de fondo sobre la legalidad del modelo propuesto por el Gobierno y sus implicaciones tanto en la salud pública como en la estabilidad financiera y laboral de una de las redes farmacéuticas más grandes del país.