La movilidad en Cali está alcanzando niveles críticos, con más de 900,000 vehículos circulando diariamente. Este aumento ha provocado un tráfico denso y tiempos de desplazamiento insostenibles. Para mitigar esta situación, es crucial implementar el Pico y Placa dos veces por semana para vehículos registrados fuera del municipio.

Al implementar el Pico y Placa para vehículos externos, se incentivará a los propietarios de estos vehículos a matricularlos en Cali. Esto no solo aumentará los ingresos del municipio a través de los impuestos de matrícula, sino que también permitirá una mejor planificación y gestión del parque automotor local. Actualmente, una gran cantidad de vehículos que transitan diariamente por Cali están matriculados en otros municipios, lo que representa una pérdida de ingresos significativa para la ciudad.

Los recursos obtenidos de la matrícula de vehículos en Cali pueden ser destinados a obras e inversiones sociales que beneficien a la comunidad. Con una gestión adecuada, estos fondos podrían financiar proyectos de infraestructura vial, mejorar el transporte público y llevar a cabo programas sociales que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.

Esta medida estaría exclusivamente dirigida a los vehículos externos, manteniendo las condiciones actuales para los vehículos matriculados en Cali. Además, la Alcaldía podría plantear un sistema de exoneraciones para permitir que las personas matriculen sus vehículos en el municipio de forma gratuita y autorizar a quienes visitan Cali con frecuencia por razones específicas, como el transporte de mercancías esenciales o servicios médicos. Esto garantizaría que la medida no afecte negativamente a aquellos que necesitan ingresar a la ciudad por motivos legítimos y regulares.

Implementar el Pico y Placa ha demostrado ser efectivo en varias ciudades del mundo para mejorar la movilidad. En Bogotá, esta medida ha logrado reducir significativamente el tráfico en horas pico, mejorando los tiempos de desplazamiento y disminuyendo los niveles de contaminación. Similarmente, en Ciudad de México, la restricción vehicular ha sido una herramienta clave para gestionar el tráfico en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

La implementación del Pico y Placa dos veces por semana para los vehículos externos a Cali es una medida necesaria y justificada. No solo incentivará la matrícula de vehículos en la ciudad, generando recursos adicionales para obras e inversión social, sino que también contribuirá a mejorar la movilidad, haciendo de Cali una ciudad más eficiente y habitable. Es hora de que tomemos acciones decisivas para enfrentar los desafíos de nuestra creciente urbanización y tráfico, y esta medida es un paso en la dirección correcta.

• Durante más de 20 años, este sitio ha estado ocupado por carros abandonados, escombros, basuras y talleres mecánicos al aire libre.
• Según la orden judicial, el Distrito de Santiago de Cali tiene un año para recuperar este corredor ambiental y ponerlo al servicio de los ciudadanos.

Santiago de Cali, 10 de julio de 2024

Luego de que el exconcejal Juan Martín Bravo radicara una acción popular en junio de 2022 por el mal estado del separador vial de la calle 25, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo del Juzgado Sexto Administrativo, ordenando al Distrito de Santiago de Cali iniciar las acciones necesarias para que este sitio quede al servicio de la ciudadanía.

Cabe recordar que este corredor ambiental, que comprende la calle 25 con carreras 17f, 17d, 17c, 17b y 17 bis, es conocido por ser un desguazadero de autos robados, un parqueadero de carros abandonados o un botadero de basuras y escombros, cuando en realidad corresponde a un corredor verde que sirve como pulmón de la ciudad.

«Pese a que la Alcaldía ha venido recuperando la calle 25, los esfuerzos no son suficientes. Nuestros corredores verdes deben estar al servicio del ciudadano y no ser sitios de escombros o de basuras. Cali tiene que convertirse en una ciudad verde, y para ello debemos empezar a darle orden y colocarla bonita nuevamente», dijo el exconcejal Juan Martín Bravo.

Según la orden del juez, en un plazo de un año el lugar deberá estar libre de vehículos, carrocerías abandonadas, escombros, basuras y cualquier otro elemento que obstaculice el paso.

Además, el distrito tendrá que restablecer el sitio y dejarlo limpio y visualmente aceptable, para lo cual deberá gestionar los procesos administrativos correspondientes.

Por otro lado, se fijó un plazo de seis meses para hacer un censo de los propietarios de los talleres ubicados en el sector, con quienes se ejecutará un plan de reubicación durante los seis meses siguientes.

«Espero que esta sentencia se cumpla lo más pronto posible y que la recuperación del corredor ambiental perdure en el tiempo. Estas zonas deben mantenerse siempre libres y embellecidas para el acceso público», finalizó el exconcejal Bravo.

Santiago de Cali, 9 de julio de 2024

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió una sentencia en segunda instancia que obliga a las autoridades ambientales a tomar acciones frente al problema de vertimientos contaminantes en Acopi, Yumbo.

La acción popular realizada hace más de dos años por el exconcejal Juan Martín Bravo y el líder social Juan Pablo Montoya para atender el grave caso de contaminación de aguas en el barrio Brisas de los Álamos, al norte de Cali, obtuvo una respuesta positiva al ratificar la sentencia del Juzgado Dieciséis Administrativo. Esta obliga a entidades de orden distrital y departamental a proponer un plan de acción en los próximos meses.

Desde hace más de 20 años, los habitantes del sector se han quejado de la contaminación del canal de aguas lluvias, que recibe los residuos arrojados por empresas de Acopi (Yumbo) y desemboca en los ríos Cali y Cauca. Esta contaminación genera inundaciones, plagas y problemas de salud.

«Celebramos la decisión de la sentencia que ordena un plazo de un año para acreditar la recuperación del canal y el cumplimiento de los estándares de vertimientos. Durante mucho tiempo, las administraciones de Cali y Yumbo esquivaron la responsabilidad, argumentando que correspondía al otro municipio. Ahora, la recuperación del canal de aguas lluvias será una realidad y mejorará la calidad del agua en los ríos Cali y Cauca, protegiendo el medioambiente y la salud de la comunidad.», explicó el exconcejal Juan Martín Bravo, quien en agosto de 2022 interpuso una acción popular para dar cuenta de este hecho.

El alto grado de contaminación ha hecho que, en ocasiones, el agua tenga espuma o se torne de colores rojo o azul. Esto vulnera el derecho al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la conservación de especies animales y vegetales, y al goce de un ambiente sano, según lo indica la Constitución.

Según la sentencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Municipio de Yumbo y EMCALI EICE E.S.P. deberán, en un plazo de dos meses, iniciar las gestiones necesarias para elaborar un plan de acción conjunto. Este plan deberá abordar los vertimientos de aguas en el Canal Acopi, verificando que cumplan con los estándares ambientales permitidos, y la verificación y mantenimiento del canal Acopi en jurisdicción del Municipio de Cali. Todas las entidades deberán colaborar para el cumplimiento efectivo de esta orden.

Cumplido lo anterior, las entidades tienen un plazo máximo de un año para acreditar la recuperación del canal y el cumplimiento de los estándares de vertimientos.

«Por fin se va a tomar acción ante una problemática que los habitantes del norte de Cali llevan padeciendo por más de 20 años, con problemas de salud y medioambientales. Esperamos que las entidades encargadas inicien lo más pronto posible el plan de acción», puntualizó el exconcejal Bravo.

Cali, 8 de julio de 2024

Gracias a una acción popular interpuesta por el exconcejal Juan Martín Bravo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, ordenó al Distrito de Santiago de Cali iniciar la pavimentación del primer tramo de la Vuelta de Occidente en un plazo de 18 meses.

Se trata de un tramo de 32 km que comprende la vía de conexión principal de los corregimientos Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia y El Saladito, desde la salida de Cali por Cristo Rey hasta la vía al mar.

Este fallo es una gran victoria para la comunidad, que llevaba más de 30 años solicitando estas obras de mejoramiento vial para aumentar la conectividad entre los corregimientos. Ante la omisión del distrito, el tribunal ratificó la decisión del Juzgado Catorce Administrativo y ordenó intervenir este tramo, cumpliendo así con la obligación constitucional de velar por el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, así como la realización de desarrollos urbanos que beneficien a los ciudadanos. La orden exige la revisión, estudio, pavimentación, construcción, mantenimiento y adecuación de la vía Vuelta de Occidente (Tramo 1), que según el artículo 371 del Acuerdo 0373 de 2014 (POT Cali) comprende la conexión principal de los corregimientos Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia y El Saladito, desde la salida de Cali por Cristo Rey hasta la vía al mar.

«La pavimentación de este tramo era una deuda histórica con la comunidad. Ahora, el distrito tiene 18 meses para realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para empezar la pavimentación del tramo 1 de la Vuelta de Occidente», dijo el exconcejal Juan Martín Bravo.

Para asegurar el cumplimiento de este fallo, se ordenó la conformación de un comité integrado por miembros de la administración distrital, la comunidad y el Ministerio Público, quienes deberán presentar un informe detallado de la gestión una vez se cumpla el plazo.

«Queremos lograr que pavimenten los 4,5 km que faltan del recorrido entre Pichindé y La Leonera. Nuestra apuesta es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, y un componente importante es que se puedan movilizar por vías en buen estado», puntualizó el exconcejal Bravo.