Los caleños que reciben su atención en las distintas ESE (Empresas Sociales del Estado) de la ciudad sufren problemas en la atención todos los días. La repartición ineficiente de profesionales, el sobrecupo en las instituciones y los tránsitos prolongados en las ambulancias son solo algunas manifestaciones.

Bogotá sufría de una situación similar hasta hace unos seis años. Pero las autoridades distritales tomaron la decisión de reorganizar la red hospitalaria y unificar todas las ESE, y muchos de estos problemas se resolvieron en el corto y mediano plazo. Cali debería considerarlo.

Recordemos que contamos con cinco ESE (ladera, norte, centro, sur-oriente y oriente), que pueden formar una sola red distrital también, con subredes de acuerdo a la localización de las Empresas Sociales del Estado existentes.

De concretarse esta iniciativa, las ESE dejan de actuar como islas en el territorio tomando decisiones independientes con facultades especiales, y fortalecen su articulación en subred y a nivel general. Esto significa que estas organizaciones podrían asumir una contratación unificada para servicios de logística, aseo, basuras, software, incluso facturación. Además, habría un control extra sobre los servicios extramurales como las ambulancias.

Por otro lado, partiendo de esta red, el municipio podría planear a futuro, y de manera controlada, la adición estratégica de otros puntos de atención de mayor o menor complejidad, eligiendo el mejor momento para construirlos y abaratando costos en la contratación y la intermediación.

Además, con una reorganización de la red hospitalaria, habría una mayor capacidad de trazar las necesidades inmediatas de la ciudad, así como las fortalezas y debilidades del servicio y atención en salud. Así podría suplirse la necesidad actual de mejores servicios de urgencia enfocados en trauma, en el oriente y nororiente de la ciudad.

Por último, pero no menos importante, una negociación en bloque permite una mayor autonomía y poder de la red frente a las compañías aseguradoras. Hasta el momento, estas compañías negocian de manera segmentada por ESE, y los costos aumentan injustificadamente.

La mayor dificultad es que se requiere la reorganización de la política local, para que esta transformación ocurra. Muchas de las Empresas Sociales del Estado por años han estado en manos de políticos o corrientes políticas, y es un entramado electoral difícil de entender. Han tomado tanto poder que incluso se oponen a las directrices del mandatario de turno. Actúan como islas independientes.

Sin embargo, la ley le permite al Concejo y al municipio la reorganización de las ESE. Se trata de una iniciativa crucial que puede mejorar la vida de los caleños de este punto en adelante. El esfuerzo de hoy será la tranquilidad del futuro.

• Este sector del norte de Cali se convirtió en una zona de habitantes de calle y personas dedicadas al reciclaje, que no tienen cuidado del medioambiente.

• El juzgado resolvió vincular a tres empresas de aseo para que atiendan esta situación.

Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2022

El grave problema ambiental en el barrio La Isla no es nuevo. Desde hace varios años, los vecinos de esta zona del norte de Cali han denunciado el arrojo indiscriminado de basuras y la quema de estas por parte de habitantes de calle, recicladores y otros ciudadanos, que no tienen en cuenta la contaminación que le están generando al medioambiente y al río Cali.

Por eso, el concejal Juan Martín Bravo interpuso una acción popular que fue admitida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, en la que pide que se protejan derechos e intereses colectivos como la seguridad y la salubridad públicas; la existencia del equilibrio ecológico, y el goce del espacio público.

“Este es un tema de abandono del Estado. La Isla, en inmediaciones de la calle 44 norte con avenida 2 norte, es un foco de contaminación. Nadie dimensiona que todas las basuras arrojadas y la quema de estas afectan al río Cali, que está justo al lado y a su vez desembocan en el río Cauca. Ya es hora de que la Alcaldía y los entes de control busquen una solución ambiental definitiva”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

Hasta el momento, las intervenciones realizadas por las empresas operadoras de aseo se limitan a la limpieza parcial del lugar, pero bastan pocas horas para que vuelva a estar lleno de basuras y desechos. Más grave aún: registros en medios de comunicación han evidenciado que quienes botan las basuras no son solo los habitantes de calle, sino que llegan personas en camiones y camionetas a tirar desechos a este aparente basurero.

Para hacerle frente a esta problemática de seguridad y de salud pública, el juzgado que admitió la acción popular resolvió vincular a las empresas de aseo PromoCali S.A. E.S.P., INAGAN Ingeniería S.A.S. y Consorcio ISAJA CERO, que tienen contratos con la Alcaldía de Cali, para que se desarrolle una solución integral que acabe con esta problemática.

“No hay una política seria alrededor de este tema. Hace poco hubo una creciente del río Cali que afectó a varios barrios del sector, pues todo el problema ambiental genera este tipo de situaciones. Los habitantes de Cali queremos una solución definitiva, no nos sirve seguir con pañitos de agua tibia”, puntualizó el concejal Bravo.

• La fundación con la que se realizó el convenio de asociación también es operadora de uno de los comedores comunitarios de Cali y ha presentado irregularidades.
• Genera sospechas que el representante legal de dicha fundación mencione en sus publicaciones a Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia y padre del director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Graves sospechas despierta un convenio de asociación firmado entre el Departamento Administrativo de Planeación, cuyo ordenador del gasto es el director Roy Alejandro Barreras, y la fundación Acciones por Colombia, cuyo representante legal registra como Carlos Armando Burbano Rodríguez.

El valor de este convenio es de $1.871.020.0000 y su objetivo consiste en “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la planeación de las agendas académicas y la organización que se requiera para la creación de sus foros, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades institucionales programadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 y el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Tras un agudo análisis, el concejal Juan Martín Bravo halló posibles irregularidades y sobrecostos que ponen en la mira el actuar de Planeación Distrital y de su director, Roy Alejandro Barreras. La primera inconsistencia está en la elección de la fundación, pues fue la única que se presentó a la convocatoria para firmar el convenio.

“Las redes sociales del representante legal confirman que es miembro del Pacto Histórico y en sus publicaciones siempre menciona a Roy Barreras, padre de la persona con quien firmó este convenio”, dijo el concejal Juan Martín Bravo en su denuncia pública. Además, la fundación Acciones por Colombia es operadora de un comedor comunitario y ha presentado irregularidades.

Por otra parte, llaman la atención algunos costos: se pagaron más de $510 millones para la realización de piezas que se publicarían en redes sociales, pero hasta la fecha no hay ninguna publicación a pesar de que el convenio se firmó en mayo y va hasta diciembre.

“Para la realización de cinco foros académicos se pagaron $700 millones. Para los informes de personas que asisten a los foros se pagaron más de 83 millones. No podemos seguir permitiendo que existan posibles sobrecostos donde evidentemente hay una intención de favorecer políticamente la línea ideológica del director de Planeación, que hace parte del Pacto Histórico”, puntualizó el concejal Bravo.

– Los habitantes del barrio Brisas de los Álamos, en el norte de Cali, llevan años denunciando la contaminación del canal de aguas lluvias que pasa por el sector y desemboca en el río Cali.

– Esta contaminación, que proviene de los residuos arrojados por empresas de Acopi, genera inundaciones, plagas y problemas de salud para los vecinos de la zona.

Santiago de Cali, 23 de agosto de 2022.

Mediante una acción popular, el concejal Juan Martín Bravo y el líder comunal Juan Pablo Montoya pidieron la mediación de un juez para que se les ordene a la CVC y a las alcaldías de Yumbo y Cali atender una grave problemática ambiental que ocurre desde hace tres décadas en el barrio Brisas de los Álamos, pues los residuos provenientes de empresas de Acopi (Yumbo) contaminan un canal de aguas lluvia que desemboca en el río Cali.

El alto grado de contaminación ha hecho que, en ocasiones, el agua tenga espuma o se torne de colores rojo o azul. Además, se generan malos olores, inundaciones, plagas de insectos y otras situaciones que afectan la calidad de vida de los habitantes del sector. Aunque la problemática ha sido puesta en conocimiento de diferentes autoridades, ninguna ha dado respuesta ni solución.

“Como es una zona fronteriza entre Yumbo y Cali, las autoridades se tiran la responsabilidad de un municipio a otro. Necesitamos soluciones para este daño catastrófico. Los organismos estatales deben actuar para frenar la destrucción de nuestro Río Cali”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

Dicha contaminación del canal de aguas lluvia está vulnerando el derecho a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, así como el interés por la conservación de especies animales y vegetales, y el derecho al goce de un ambiente sano según lo indica la Constitución.

“La comunidad de Brisas de los Álamos lleva más de 30 años con esta problemática, pues la industria de Acopi deposita todos sus desechos contaminados, que terminan en el río Cali y luego en el río Cauca. Durante años hemos recurrido a entidades como Emcali, Dagma, Espy y CVC, pero no hay solución. Nos preocupa que en el barrio hay muchos niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias por la contaminación de este canal”, explicó Juan Pablo Montoya, líder de la comuna 6.

La petición que ha hecho la comunidad es que se construya la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), que sería responsabilidad de Yumbo, para que el canal solo cumpla su función de recolectar aguas lluvia y que los residuos contaminantes sean tratados de otra manera. Además, se solicitan labores de limpieza y mantenimiento constante del cauce.

Por lo pronto, mediante la acción popular que fue admitida por el Juzgado Administrativo Dieciséis se pide ordenar al distrito de Santiago de Cali (a través del Dagma), a la CVC y a la Alcaldía de Yumbo que cesen el peligro, la amenaza y la vulneración de derechos e intereses colectivos ejecutando acciones y controles de fondo para erradicar el problema de contaminación y daño ambiental.