Santiago de Cali, 2 de agosto de 2023
La Contraloría de Cali ha descubierto un preocupante caso de detrimento patrimonial que asciende a la suma de $3636 millones. Según el informe final no. 1500.23.01.22.025 se encontraron un total 12 hallazgos, 4 administrativos, 4 con incidencia disciplinaria, 1 con incidencia penal y 1 con incidencia fiscal.
En los hechos que llevaron a encontrar el detrimento patrimonial está el expediente sancionatorio 251 de 2017 correspondiente a la empresa JGB S.A., en la que se realizó una nueva tasación empleando la metodología de tasación de multas debido a infracciones ambientales, dando lugar a un hallazgo por las diferencias por el monto calculado por la entidad.
Así mismo, se evidenció la desaparición del expediente sancionatorio 125 de 2018 de Industrias NKI S.A.S, con relación a este hecho, el DAGMA aporta el expediente completo, debido a que realizaron la reconstrucción con la copia Informe Final Actuación Especial de Fiscalización, Denuncia Fiscal No. 475- 2022 –“corrupción en el DAGMA”, Vigencia 2022 Página 56 de 63
digital que reposaba en la entidad. Sin embargo, se encontraron diferencias entre las dos tasaciones de la multa, las cuales fueron analizadas por las modificaciones no soportadas de algunas variables.
Así mismo, en Concejal aseguró “el detrimento patrimonial afecta directamente la capacidad de la ciudad para implementar proyectos y programas que beneficien a la comunidad en temas ambientales. Además, invito a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de corrupción y a participar activamente en la vigilancia y supervisión de los recursos destinados al beneficio colectivo”.
La Contraloría revisó el expediente sancionatorio 027 de 2019 de la empresa Constructora INACAR, donde se evaluaron las dos tasaciones de multa, identificando una reducción no soportada. Además, se realizó el cálculo con la evidencia presentada en el expediente, dando a lugar a un hallazgo debido a las diferencias en el cálculo de la tasación de la multa.
En conclusión el informe final determinó que las cuestiones que se describen a continuación, son resultado de lo descrito en el ejercicio fiscalizador:
- Para la tasación de multa por infracción a normas ambientales, el DAGMA no realiza una aplicación adecuada de la metodología, lo cual posibilita una indebida utilización de variables que componen la misma, dando finalmente una tasación por debajo del requerimiento normativo.
- La documentación existente en los expedientes del DAGMA analizados en el presente ejercicio auditor no da fe de la correcta actuación de la Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta que se presentaron múltiples modificaciones y errores en las actas, informes técnicos y actos administrativos que la entidad justifica como fallas de digitación.
- Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control de la tasación de las multas ambientales por parte del DAGMA, poniendo en riesgo los ingresos por este componente para el erario público.
“Insto a las autoridades a tomar medidas contundentes para que los responsables sean llevados ante la justicia y se recuperen los recursos desviados. Asimismo, espero que esta situación sirva como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública” puntualizó el concejal Bravo.