Fecha: 20 de marzo de 2025

El Consejo de Estado ha admitido la tutela presentada por Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali, que busca declarar la vía al mar (Cali-Buenaventura) como sujeta de derechos. Esta acción tiene como objetivo garantizar la libre movilidad, proteger el desarrollo económico de la región y salvaguardar derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y la alimentación, los cuales se ven gravemente afectados cada vez que esta arteria vital del país es bloqueada.

“Hace tres semanas, la Vía al Mar, a la altura de Zaragoza, fue bloqueada durante una protesta contra los operativos de erradicación de la minería ilegal. Este tipo de situaciones se repiten con frecuencia, generando múltiples bloqueos que, bajo diversas justificaciones, afectan el desarrollo del Valle del Cauca. La vía Cali-Buenaventura debe ser protegida como un activo estratégico fundamental para la vida, la economía y la dignidad de nuestro departamento”, expresó el exconcejal Juan Martín Bravo Castaño.

La vía al mar no solo es crucial para la economía del Valle del Cauca, sino que también representa el principal corredor de comercio exterior del Pacífico colombiano. Los constantes bloqueos han generado pérdidas económicas significativas, estimadas entre $5.000 y $10.000 millones de pesos diarios, alcanzando hasta $50.000 millones en coyunturas críticas, según reportes de 2024 del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Estas cifras reflejan el impacto devastador sobre el comercio, la logística, el abastecimiento de alimentos, el turismo y la competitividad a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el exconcejal Bravo afirmó:
“No podemos seguir permitiendo bloqueos que paralizan al Valle del Cauca y a Colombia. Nuestra competitividad se ve seriamente afectada por la falta de protección a esta vía. Es crucial garantizar su operatividad continua, dado que diariamente por ella se movilizan alrededor de 50.000 toneladas de carga, representando el 40% del comercio exterior de Colombia”.

Con la admisión de esta tutela, se abre un precedente histórico en la defensa de la infraestructura vial del país, promoviendo un enfoque que prioriza el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible de la región. Se espera que este proceso impulse acciones concretas para proteger los derechos de la población y fortalecer el tejido económico del Valle del Cauca.