El Consejo de Estado admite demanda del exconcejal Juan Martín Bravo para declarar la Vía Panamericana como sujeta de derechos

El Consejo de Estado admite demanda del exconcejal Juan Martín Bravo para declarar la Vía Panamericana como sujeta de derechos

Santiago de Cali, 3 de febrero de 2025. El Consejo de Estado ha admitido la demanda presentada por el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, que busca una medida histórica: declarar a la Vía Panamericana como un sujeto de derechos. Esta acción jurídica pretende garantizar la protección de una de las arterias viales más importantes de Colombia, cuyo bloqueo constante ha generado pérdidas millonarias y ha afectado derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo, la salud y la educación.

Según Bravo, la declaratoria como sujeto de derechos permitiría salvaguardar el flujo económico y social que esta vía representa, conectando al Valle del Cauca con departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, además de ser un corredor clave para el comercio con Ecuador. “No podemos permitir que esta vía, que transporta 23.000 toneladas de carga al día y sostiene el desarrollo económico del suroccidente colombiano, siga siendo escenario de bloqueos que afectan tanto a empresarios como a ciudadanos”, afirmó Bravo.

Los bloqueos recurrentes de la Vía Panamericana han ocasionado pérdidas económicas significativas. Solo en 2024, estas interrupciones generaron pérdidas cercanas a los 4,6 billones de pesos a nivel nacional. En la región, cada día de bloqueo cuesta aproximadamente entre 10.000 y 15.000 millones de pesos, impactando sectores clave como el transporte, el comercio, la industria y el turismo. Por ejemplo, el sector gastronómico del Cauca reporta una caída del 70 % en sus ventas durante los periodos de cierre de la vía.

Además, los bloqueos afectan la competitividad internacional de Colombia al dificultar la exportación de productos agrícolas y manufacturados, y retrasan la llegada de insumos clave para la industria. “Esta situación no solo pone en riesgo la economía de las empresas locales, sino que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades dependientes de la vía”, destacó el exconcejal.

La demanda, que incluye como accionados al Gobierno Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y otras entidades, propone un cambio estructural en la forma en que el Estado gestiona esta vía esencial. Bravo concluyó: “Es momento de tomar medidas firmes para garantizar la movilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. La Vía Panamericana no es solo una carretera; es la columna vertebral del desarrollo económico y social del suroccidente colombiano”.

Con esta admisión por parte del Consejo de Estado, el país queda a la expectativa de un fallo que podría marcar un precedente en la protección de infraestructuras críticas frente a los desafíos sociales y económicos actuales.