– Durante muchos años, este lugar ha sido foco de inseguridad y contaminación.

– La Alcaldía debe tomar acciones para evitar que este espacio se siga deteriorando.

Santiago de Cali, 8 de agosto de 2022

El separador de la calle 25 entre carreras 17 f y 17 bis es conocido por ser un desguazadero de autos robados, un parqueadero de carros abandonados o un botadero de basuras y escombros. Lo que muchos no saben o han olvidado es que, en realidad, este sector es un corredor verde que debería ser un pulmón para la ciudad.

Por eso, el concejal Juan Martín Bravo radicó una acción popular, que ya fue admitida por el Juzgado Sexto Administrativo, con la que busca que la Alcaldía tome acciones para contener esta problemática que afecta intereses colectivos y derechos como tener un ambiente sano, defender el espacio público, derecho a la seguridad, derecho a la conservación del medioambiente, entre otros.

“En esta zona se ha ocupado durante muchos años el espacio público con basuras, carros abandonados, talleres de mecánica al aire libre que riegan aceites y otras sustancias, y fábricas de reciclaje que dejan los residuos a la intemperie. Esto ocasiona problemas de seguridad y de salubridad. No podemos continuar así”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

La administración distrital no ha hecho acciones de fondo para mitigar esta problemática, más allá de los operadores de aseo que pasan recogiendo algunos residuos. Como si fuera poco, el concejal Bravo radicó un derecho de petición ante la Alcaldía para que se tomaran acciones al respecto, pero transcurrió el tiempo estipulado sin respuesta alguna, lo que se configura como un presunto silencio administrativo positivo que da cuenta de la omisión del ente municipal para proteger los derechos de sus ciudadanos.

“Recordemos que Cali tiene un déficit de espacio público y déficit arbóreo. Necesitamos mejorar esto para tener una ciudad más amigable con el medioambiente y con los ciudadanos, por eso no podemos permitir que este corredor siga en el abandono en el que ha estado por más de 20 años”, finalizó el cabildante.

El cambio climático es un hecho, y  tenemos que encontrar la manera de enfrentar problemas venideros, como la crisis alimentaria. Esto es un gran reto que exige estrategias de inmediato, para el corto, mediano y largo plazo, y Cali puede liderar la región para enfrentar estas dinámicas tan complejas. En toda la ciudad, tanto en la parte urbana como rural, aparecen huertas comunitarias, que debemos fortalecer con herramientas diferentes y novedosas, que generen un mejor rendimiento.

En primer lugar, debemos crear una Secretaría de Agricultura que respalde lo existente y posibilite la creación de más huertas, y que lleve prácticas como la hidroponía a la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar tenemos que considerar la modificación genética en algunos cultivos, para proteger los cultivos y para que haya una mayor productividad.

Esto se puede hacer a través de nanotecnología, es decir, organismos microscópicos que cumplen distintos propósitos en semillas alteradas genéticamente. Estos avances ya se están utilizando con seguridad para hacer envases biodegradables, para mejorar la vida útil de los alimentos y para prevenir el riesgo de intoxicación.

Por otro lado, los nanosensores pueden aumentar el rendimiento de los cultivos, y reducir el esfuerzo requerido para obtener una buena cosecha. Israel es el mayor ejemplo del uso de esta tecnología. Ellos llevan décadas administrando el agua para sus cultivos de esta manera, creando y automatizando las condiciones óptimas requeridas para cada cultivo, usando big data (con la medición de información en tiempo real) y fuentes alternativas de energía (como paneles solares).

Cali puede hacer que sus huertas comunitarias estén a la vanguardia y preparadas para los escenarios más complicados, aunque el sector público no esté tan evolucionado en estos temas agrícolas. Sin embargo, la empresa privada y la academia han logrado progreso en este campo. Un ejemplo es el programa de investigación Optimización Multiescala In-silico de Cultivos Agrícolas Sostenibles (ÓMICAS) que busca, a través de siete proyectos, desarrollar e implementar estrategias científico-tecnológicas para mejorar variedades agrícolas y aportar a la seguridad alimentaria. Ómicas suma esfuerzos de 16 instituciones, siendo la Universidad Javeriana de Cali la entidad ancla.

La meta final es fortalecer la agricultura urbana orgánica en la ciudad, estableciendo acciones en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hambre cero, producción y consumo responsable y acción por el clima. Cali debe convertirse en una ciudad líder con estas huertas comunitarias 2.0 y con la agricultura urbana, para asegurar su futuro.

– La Secretaría de Cultura no ha podido desembolsar la segunda mitad de su aporte debido a que una interventoría realizada por la Universidad del Valle encontró múltiples inconsistencias en la contratación.

– Más de la mitad de los contratos se firmaron sin cumplir los requisitos mínimos de ley, según el informe de interventoría.

Santiago de Cali, 2 de agosto de 2022

Han pasado siete meses desde que terminó la Feria de Cali 2021 y todavía hay proveedores, contratistas y artistas que no han recibido los pagos por los servicios prestados. Aunque la Secretaría de Cultura desembolsó la primera mitad de los $10.784.313.725 en los que consistió su aporte para este evento, surgen dudas sobre la administración de los recursos ejecutada por Corfecali.

“En la Feria de Cali 2021 se volvieron a presentar problemas con la contratación. En el informe de la interventoría realizada por la Universidad del Valle se revisaron 1053 contratos, de los cuales 620 no cumplieron los requisitos de ley para la contratación que rigen a Corfecali. Por ejemplo, contrataron sin pólizas y no hay informes de ejecución de las actividades”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

El informe de interventoría también evidenció la inexistencia de documentos de soporte de varias actividades que estaban a cargo de Corfecali, para las cuales esta entidad se comprometió a aportar $1.082.679.484 como parte del convenio interadministrativo firmado con la Secretaría de Cultura de Cali, lo que indica que no se realizaron y que Corfecali incumplió.

Un ejemplo de las inconsistencias preliminares en la contratación de la Feria de Cali 2021 se desprende de un contrato de $350.000.000 para el alquiler del sonido del Salsódromo. En este caso no se expidieron pólizas de cumplimiento ni de responsabilidad civil extracontractual, entre otras. También hubo ausencia del lleno de requisitos formales al momento de la contratación tales como el acta de inicio, antecedentes judiciales y cotizaciones a más de dos proveedores.

Ahora es la interventoría la que debe autorizar el pago de los recursos faltantes por parte de la Secretaría de Cultura, pues ante las inconsistencias evidenciadas no se le ha dado viabilidad a este pago. Mientras tanto, las personas que prestaron sus servicios siguen esperando que les salden las deudas pendientes.

“En este caso surgen muchos interrogantes: ¿Qué hizo Corfecali con la mitad del dinero que le giró la Secretaría de Cultura en diciembre? ¿Qué seguimientos, control y acciones está llevando a cabo la Secretaría de Cultura en atención a los pronunciamientos de la interventoría, teniendo en cuenta su responsabilidad solidaria? La Contraloría también ha encontrado irregularidades en este convenio interadministrativo, que se conocerán en el informe final”, añadió el concejal Juan Martín Bravo.

– Aunque la política pública de regulación del espacio público en Santiago de Cali fue aprobada en 2017, no se han ejecutado suficientes acciones que permitan darle cumplimiento.

– La ocupación del espacio público por parte de vendedores informales, sobre todo en el centro de la ciudad, genera problemas de movilidad y de seguridad para los ciudadanos.

Santiago de Cali, 28 de julio de 2022

Ningún caleño desconoce que las calles del centro de la ciudad están llenas de vendedores informales que ocupan el espacio público y generan problemas de movilidad y de seguridad. Para darle respuesta a esta problemática, en 2017 se aprobó la política pública de regulación del espacio público, que debía ser puesta en marcha por la Alcaldía.

Sin embargo, han pasado cinco años y los avances son casi nulos. Este fue el motivo por el cual el concejal Juan Martín Bravo interpuso una demanda, que resultó admitida esta semana por el Juzgado trece administrativo del circuito de Cali. En ella se busca la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

“La administración distrital apenas acaba de terminar la caracterización: en el centro de Cali encontraron cerca de 2700 vendedores informales que realizan sus actividades económicas ocupando el espacio público. El mensaje es muy claro: tenemos el reto de dignificar la labor de estas personas, pero también necesitamos recuperar el espacio público”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.

Por ejemplo, en la zona ubicada en la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 es imposible transitar vehicular y peatonalmente por la ocupación de vías y andenes por parte de vendedores ambulantes y estacionarios, los cuales van incrementando con el paso del tiempo sin que los organismos encargados tomen cartas en el asunto.

“La sentencia C-489 de 2019 protege a los vendedores informales para que la recuperación del espacio público no vulnere sus derechos, esto siempre debe tenerse en cuenta. No obstante, también se ha conocido que hay mafias apoderadas del espacio público, que alquilan los espacios y realizan cobros ilegales o ‘vacunas’. Todo esto tiene que acabarse con una implementación efectiva de la política pública”, añadió el concejal Bravo.