Cali, 9 de junio de 2025 — En respuesta a una acción popular interpuesta por Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali amparó el derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico, ordenando al Distrito Especial de Santiago de Cali implementar una serie de acciones inmediatas y preventivas en el marco del Proyecto Integral Cristo Rey. La medida judicial fue adoptada bajo el principio de precaución ambiental y representa un triunfo contundente para la comunidad y los defensores del medio ambiente.
La sentencia, emitida el pasado 6 de junio, reconoce que existe un riesgo potencial que justifica la adopción de medidas preventivas sólidas, con el fin de evitar afectaciones a la estructura ecológica de la zona intervenida. El juzgado dispuso acciones claras y ejecutables para garantizar la seguridad ambiental y estructural del entorno.
Entre las principales órdenes impartidas por el fallo, se destacan:
• La protección del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, ordenando la preservación y restauración de las áreas intervenidas.
• La reforestación integral de la zona afectada, así como el control de especies como la hormiga arriera, para proteger la fauna y flora nativas.
• La implementación de medidas técnicas para mitigar riesgos, incluyendo el manejo de aguas lluvias, estabilización de taludes y mantenimiento de estructuras como pasarelas y puentes.
• El fortalecimiento de la gestión ambiental y social del proyecto, promoviendo la participación comunitaria, la educación ambiental y un seguimiento constante del entorno.
• La conformación de un comité de verificación, integrado por el juez, el accionante, un coadyuvante, un representante del Distrito y uno del Ministerio Público, para supervisar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Asimismo, el fallo ordena al Departamento Administrativo de Planeación y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales relacionadas con el proyecto. En caso de hallarse irregularidades, se deberán aplicar las sanciones correspondientes.
Este fallo se convierte en un referente nacional sobre cómo la acción ciudadana, a través de mecanismos constitucionales como la acción popular, puede incidir de manera efectiva en la defensa de los ecosistemas urbanos y en la exigencia de una gestión pública responsable y transparente.
“Es un logro significativo: se obliga a la Alcaldía a proteger la estructura ecológica, a reforestar, a mitigar riesgos y a garantizar que lo ambiental no sea un discurso, sino una realidad técnica y jurídica”, afirmó Juan Martín Bravo Castaño, exconcejal de Cali y promotor de la acción judicial.