Cali, con su vibrante cultura y riqueza natural, se ha consolidado como un epicentro turístico en Colombia. En 2024, la ciudad recibió más de 3 millones de visitantes, de los cuales aproximadamente 298,310 fueron internacionales, evidenciando un crecimiento del 12% respecto al año anterior.

A pesar de contar con más de 400 parques y sitios turísticos, muchos de estos carecen de servicios básicos esenciales, como baños públicos y bebederos de agua para visitantes y sus mascotas. El Gato del Río, uno de los sitios más icónicos y frecuentados por turistas y deportistas, no tiene ninguna de estas facilidades. La misma situación se repite en puntos de interés como el monumento a Sebastián de Belalcázar, el Cerro de las Tres Cruces, el Cerro de la Bandera y el Parque de la Flora. Lugares donde la gente camina, hace deporte y pasa horas al aire libre, pero sin acceso a baños ni agua potable.

Ciudades como Nueva York, Berlín y Tokio resolvieron esto hace años. En Bryant Park, en Nueva York, los baños públicos son modernos, limpios y bien mantenidos. En Tokio, casi todos los parques tienen baños impecables y bebederos tanto para las personas como para sus mascotas. Esto no es un lujo, es sentido común.

Implementar baños públicos y fuentes de agua en los parques y sitios turísticos de Cali no es solo un tema de comodidad, sino una inversión estratégica. No es un problema de presupuesto, sino de visión. Si realmente queremos que Cali se posicione como un destino turístico de primer nivel, debemos comenzar por lo básico: garantizar que cada parque tenga baños dignos, limpios y funcionales, además de puntos de hidratación accesibles.

Es momento de dejar de ver estas necesidades como “detalles menores”. Son esenciales para cualquier ciudad que quiera atraer más turismo y mejorar la calidad de vida de su gente. Cali tiene el potencial y la oportunidad de hacerlo. Ahora es el momento.

Santiago de Cali, 3 de febrero de 2025. El Consejo de Estado ha admitido la demanda presentada por el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, que busca una medida histórica: declarar a la Vía Panamericana como un sujeto de derechos. Esta acción jurídica pretende garantizar la protección de una de las arterias viales más importantes de Colombia, cuyo bloqueo constante ha generado pérdidas millonarias y ha afectado derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo, la salud y la educación.

Según Bravo, la declaratoria como sujeto de derechos permitiría salvaguardar el flujo económico y social que esta vía representa, conectando al Valle del Cauca con departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, además de ser un corredor clave para el comercio con Ecuador. “No podemos permitir que esta vía, que transporta 23.000 toneladas de carga al día y sostiene el desarrollo económico del suroccidente colombiano, siga siendo escenario de bloqueos que afectan tanto a empresarios como a ciudadanos”, afirmó Bravo.

Los bloqueos recurrentes de la Vía Panamericana han ocasionado pérdidas económicas significativas. Solo en 2024, estas interrupciones generaron pérdidas cercanas a los 4,6 billones de pesos a nivel nacional. En la región, cada día de bloqueo cuesta aproximadamente entre 10.000 y 15.000 millones de pesos, impactando sectores clave como el transporte, el comercio, la industria y el turismo. Por ejemplo, el sector gastronómico del Cauca reporta una caída del 70 % en sus ventas durante los periodos de cierre de la vía.

Además, los bloqueos afectan la competitividad internacional de Colombia al dificultar la exportación de productos agrícolas y manufacturados, y retrasan la llegada de insumos clave para la industria. “Esta situación no solo pone en riesgo la economía de las empresas locales, sino que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades dependientes de la vía”, destacó el exconcejal.

La demanda, que incluye como accionados al Gobierno Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y otras entidades, propone un cambio estructural en la forma en que el Estado gestiona esta vía esencial. Bravo concluyó: “Es momento de tomar medidas firmes para garantizar la movilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. La Vía Panamericana no es solo una carretera; es la columna vertebral del desarrollo económico y social del suroccidente colombiano”.

Con esta admisión por parte del Consejo de Estado, el país queda a la expectativa de un fallo que podría marcar un precedente en la protección de infraestructuras críticas frente a los desafíos sociales y económicos actuales.

Santiago de Cali, 24 de enero de 2025. El Juzgado 13 de Cali ha admitido la acción de tutela interpuesta por el exconcejal Juan Martín Bravo, que busca proteger los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas aledañas a las cárceles de Villanueva y el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili. Esta demanda cuestiona el impacto negativo de los sistemas de bloqueo de señal instalados en los centros penitenciarios, los cuales han generado restricciones significativas en la conectividad de estas comunidades.

“La comunicación es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por fallas en la implementación de tecnologías de seguridad. Es necesario garantizar que las medidas tomadas no perjudiquen la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en situaciones de emergencia”, señaló Juan Martín Bravo al respecto.

La demanda argumenta que los bloqueadores de señal, utilizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prevenir comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles, han ocasionado problemas graves en la cobertura de telefonía móvil e internet en las áreas residenciales cercanas.
De acuerdo con el análisis presentado, los bloqueadores de señal actuales generan interferencias más allá del perímetro de las cárceles, afectando a cientos de metros de distancia. Esto refleja una falta de reglamentación técnica clara y eficiente. “La tecnología debe ser un aliado, no una barrera. Es posible implementar soluciones que cumplan con los objetivos de seguridad del sistema penitenciario sin vulnerar los derechos de las comunidades vecinas”, agregó Bravo.

Entre las medidas solicitadas por la tutela, se incluyen la reconfiguración de los sistemas de bloqueo, la adopción de tecnologías menos invasivas y la garantía inmediata de acceso a comunicaciones adecuadas para los residentes afectados.

Con la admisión de esta tutela, el Juzgado 13 abre la posibilidad de establecer un precedente en la gestión de tecnologías de seguridad en los centros penitenciarios, promoviendo un equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a los derechos fundamentales.

Durante décadas, la cultura laboral en Colombia ha valorado la presencia física en la oficina como sinónimo de compromiso y productividad. El término coloquial ‘calentar silla’ refleja esta mentalidad: empleados que cumplen jornadas extensas, sentados en sus escritorios, independientemente de su rendimiento real. Sin embargo, esta visión está siendo cuestionada en el mundo moderno, donde la eficiencia y los resultados prevalecen sobre la mera presencia.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2020, Colombia registró un promedio de 48 horas laborales semanales por persona, posicionándose como uno de los países con jornadas más largas. A pesar de estas extensas horas de trabajo, la productividad no ha mostrado incrementos proporcionales. De hecho, en 2023, la Productividad Total de los Factores (PTF) presentó una disminución del 1,71%, evidenciando que más horas en la oficina no necesariamente se traducen en mayor eficiencia.

La legislación colombiana ha reconocido esta problemática. La Ley 2101 de 2021 establece una reducción progresiva de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, sin afectar el salario ni los derechos adquiridos de los trabajadores. Esta disminución comenzó el 15 de julio de 2023 y se extenderá hasta el 15 de julio de 2026. Este cambio busca fomentar un equilibrio entre vida laboral y personal, promoviendo entornos de trabajo más saludables y productivos.

Es fundamental comprender que la productividad no está directamente ligada al número de horas trabajadas, sino a cómo se gestionan y optimizan esas horas. La flexibilidad laboral, que permite a los empleados desempeñar sus funciones en horarios que se adapten a sus ritmos personales, puede ser una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento. Estudios han demostrado que los trabajadores con horarios flexibles tienden a ser más productivos, porque pueden equilibrar mejor sus responsabilidades laborales y personales.

La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción del teletrabajo y evidenció que la presencia física constante no es indispensable para garantizar la eficiencia laboral. Muchas empresas observaron que sus empleados podían mantener o incluso aumentar su productividad trabajando desde casa, desafiando el paradigma tradicional de la ‘hora nalga’.

Es momento de despedirnos de la cultura de ‘calentar silla’ y dar la bienvenida a una mentalidad centrada en resultados. La productividad debe medirse por la calidad y eficiencia del trabajo realizado, no por la cantidad de horas que un empleado permanece en su escritorio. Adoptar modelos laborales más flexibles y centrados en objetivos no solo beneficiará a los trabajadores, sino que también impulsará la competitividad y el desarrollo económico del país.