• El uso de dichas armas puede causar daños irreparables, que van desde la ceguera hasta la muerte.

• Según el concejal, las instituciones públicas deben intervenir con el fin de que las actuaciones del Esmad no vulneren el derecho a la vida y a la manifestación pacífica.

El pasado lunes 10 de mayo, el concejal Juan Martín Bravo instauró una acción de tutela en la que pide que se suspenda de inmediato el uso de armas clasificadas como ‘menos letales’ por parte de la Policía Metropolitana de Cali y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). De dichas armas hacen parte las municiones de goma, fusiles lanza gases, granadas con carga química y dispositivos lanzadores de pimienta.

De acuerdo con el concejal, estas armas han causado daños irreversibles como la pérdida de la visión de quienes reciben los impactos e, incluso, la muerte. En el marco del paro nacional que se adelanta en Colombia desde el pasado 28 de abril, en el cual ha intervenido el Esmad, es imperativo que cese el uso de tales armas con el fin de frenar las situaciones que vulneran los derechos humanos.

Con relación a la vulneración de derechos, el cabildante aseguró que se ponen en riesgo los derechos a la vida y a la integridad física, a la dignidad humana, a la salud, a reunirse y manifestarse pacíficamente, y a la libertad. En la tutela también exige que se ordene, de manera inmediata, la intervención de instituciones públicas y la prestación de las garantías mínimas constitucionales.

“Un colectivo de abogados ya le pidió a la Fiscalía que abriera un caso para investigar las lesiones oculares que el Esmad les ha causado a los manifestantes durante las protestas por usar sus armas. Hay al menos 28 casos registrados desde 2018”, explicó el concejal.

En Cali, dos jóvenes fueron heridos en sus rostros por municiones de la fuerza pública el pasado 28 de abril y recibieron los primeros auxilios en una droguería, pero uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital Primitivo Iglesias. Los días posteriores se han registrado lesiones oculares por armas del Esmad en Bogotá, Popayán y Medellín.

Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió el 4 de mayo con la Mesa de Garantías de Derechos Humanos e informó que 11 jóvenes habían sido lesionados y que, según la evaluación realizada, el daño en los ojos se había causado por municiones de goma.

“He participado activamente en las manifestaciones y he visto personas afectadas por el uso de la fuerza de agentes de la Policía Nacional, en especial del Esmad. Por eso, estoy seguro de que debe prohibirse el uso de estas armas para dispersar las manifestaciones. ¡No más ceguera!”, indicó el concejal Bravo.

•    El cabildante expresó su desacuerdo frente a las nuevas medidas restrictivas que comunicó la administración municipal.
•    En un momento como el que atraviesa Cali, extender el toque de queda y dejar las calles vacías resulta perjudicial.
•    Esta situación invita a reevaluar los recursos de los proyectos movilizadores planteados en el Plan de Desarrollo, pues surgieron nuevas prioridades.

Luego de que se supiera que la administración municipal decretó medida de toque de queda y ley seca hasta el próximo 14 de mayo, el concejal Juan Martín Bravo elevó una petición al alcalde Jorge Iván Ospina para que reconsidere estas decisiones en busca del bien de la ciudadanía.

“Estamos ante una situación de falta de oportunidades y desempleo. La ciudad está apagada, encerrada y temerosa. Creo que es un buen momento para que eliminemos las medidas restrictivas, buscando brindarles seguridad a los ciudadanos. Alcalde: no más toques de queda, dejemos trabajar a la gente”, afirmó Bravo.

De acuerdo con el concejal, mantener a los caleños en el encierro es dejar a merced las calles para que se vandalicen y se siga saboteando la manifestación social que se adelanta desde el pasado 28 de abril. Por el contrario, el regreso de las personas a sus negocios y actividades hará que se pueda lograr una veeduría y cuidado de espacios públicos y privados.

Por otro lado, Bravo aseguró que es momento de empezar a pensar en una reorientación de los recursos de los proyectos movilizadores planteados en el Plan de Desarrollo, pues la ciudad entró en unas dinámicas distintas que exigen una reevaluación de las prioridades.

“Veníamos con una dinámica de reactivación económica, pero ahora tendremos que hablar también de la reconstrucción de la ciudad. Hemos tenido pérdidas multimillonarias en infraestructura, así que el llamado es a que el alcalde reoriente los recursos de los proyectos movilizadores hacia las verdaderas necesidades”, puntualizó el concejal.

• Según el cabildante, el 21N dejó un precedente y se podía prever lo que sucedería con el paro nacional del 28A.

• En este escenario, la Secretaría de Seguridad y Justicia tenía elementos suficientes para establecer un plan de contingencia.
• Aunque el secretario Carlos Alberto Rojas es un buen profesional y una gran persona, debe dar un paso al costado por el bien de todos.

Los saqueos, ataques a personas y atentados contra la infraestructura urbana que se han vivido en Cali desde el 28A, de manera paralela a las manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos que se han tomado las calles para expresar su rechazo a la reforma tributaria, permiten concluir que se necesita un cambio en la administración municipal, y en especial en la cartera de Seguridad y Justicia.

Así lo planteó el concejal Juan Martín Bravo, quien se refirió a la pertinencia de buscar un secretario o secretaria más idóneo para manejar una situación de esta magnitud, y afirmó que el actual secretario puede ubicarse en otra dependencia de la administración municipal.

“En estos cuatro días de desmanes ha habido muchas situaciones que se pudieron prever para evitar las pérdidas multimillonarias y los daños a la propiedad pública y privada. La situación va empeorando. Creo que es el momento de hacer un reajuste en la Secretaría de Seguridad y Justicia. El secretario Carlos Alberto Rojas es un buen profesional, pero debe dar un paso al costado”, aseguró Bravo.

Según el cabildante, las manifestaciones del 21N dejaron un precedente que permitía intuir qué iba a suceder el 28A. “Ya sabíamos que Cali sería una de las ciudades con mayores disturbios, asonadas, desmanes y demás. Faltó un ejercicio de planeación por parte de Seguridad y Justicia para tener planes de contingencia. Por ejemplo, es lamentable lo que ha sucedido con el MIO, con las entidades bancarias y con los supermercados. Más lamentable aún es que haya tantas víctimas mortales”, afirmó el concejal.

Por otro lado, Bravo hizo énfasis en la necesidad de que Cali convoque una mesa de concertación con el Gobierno Nacional a través del alcalde Jorge Iván Ospina para construir un documento COMPES, con el objetivo de reconstruir la ciudad después de la destrucción a la que fue sometida.

“Yo apoyo la protesta, apoyo al caleño resiliente que ha salido a manifestarse en contra de esta situación que vivimos, y me alegra que el Presidente Duque retirara la reforma. Por eso, creo que es importante tomar decisiones en todos los frentes. Lo que ha pasado estos días en Cali confirma que la Secretaría de Seguridad y Justicia necesita un nuevo liderazgo”, puntualizó el concejal Juan Martín Bravo.

-El déficit histórico de fuerza pública en la ciudad, sumado al aumento de la violencia, son la muestra de que estos uniformados tienen que quedarse.

-El concejal Juan Martín Bravo hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad en la capital vallecaucana, luego de los desmanes ocurridos en las manifestaciones del 28 de abril.

Tras lo acontecido en Santiago de Cali este 28 de abril durante el paro nacional, en el que miles de ciudadanos salieron a las calles a expresar su rechazo a la reforma tributaria, el concejal Juan Martín Bravo eleva un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y restablezcan el orden público lo más pronto posible.

“Expreso mi apoyo a las personas que salieron a marchar de forma pacífica con el objetivo de decirle ‘NO’ a la reforma tributaria, pero rechazo los actos vandálicos que se cometieron. El problema no nace en Cali, sino en el Gobierno nacional. Acá no podemos acabarnos entre nosotros mismos”, expresó Bravo.

En este sentido, el concejal le pide al Ministerio de Defensa que deje en la ciudad de manera permanente a los 554 agentes de Policía y a los 450 soldados del Ejército que se desplegaron para cubrir las manifestaciones del 28A, pues es urgente que Cali supere su déficit de fuerza pública en un momento tan violento como el que atraviesa desde hace meses, con cifras de hurtos y homicidios que han ido en aumento.

Esta no sería una solución definitiva, pero serviría para garantizar la seguridad temporalmente. Para tener soluciones a largo plazo, le pedimos al Gobierno nacional más apoyo para disminuir los índices de pobreza y el desempleo, que son problemas estructurales de la ciudad”, añadió el cabildante.

Los actos vandálicos ocurridos en medio de las protestas dejaron daños en bancos, supermercados, almacenes, instituciones públicas y mobiliario de la ciudad. Según la Alcaldía de Cali, las pérdidas materiales ascienden a $80 mil millones.

“No podemos seguir permitiendo que las manifestaciones pacíficas se vuelvan violentas y acaben con todo. En un futuro, los organizadores de las marchas deberían hacerse responsables del costo de los daños que se generen. El Estado debe poner esto en consideración”, puntualizó Bravo.